Después de haber transcurrido cinco meses bajo represión contra manifestantes que han salido pacíficamente a expresarse a las calles en el país, todavía hay alrededor de 1,300 personas desaparecidas en Nicaragua, además de 512 asesinados y más de cuatro mil heridos.

Inicialmente la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registró estos casos como secuestros, por la forma arbitraria en que fueron ejecutados, explica el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez.

Desde el 19 de abril —cuando la ANPDH empieza sus registros sobre las denuncias— hasta la fecha contabiliza un total de 1,428 secuestrados, de ese total falta que aparezcan 1,303, pues hasta el momento únicamente han sido dejadas en libertad 125 personas a lo largo de los más de cinco meses que ha prevalecido la represión gubernamental en el país.

 

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Leiva aclara que el término secuestrado está vinculado a que desde que empezaron las agresiones a manifestantes los paramilitares o los policías ejecutaron detenciones arbitrarias, pues no hubo orden de captura ni de allanamiento de morada, tampoco hay delimitación de un delito ni comisión in fraganti de un delito para capturar.

Sobre todo porque esa organización ha analizado que de ese total de desaparecidos, entre doscientas y cuatrocientas personas “no van aparecer”.

Ese es un tema que le preocupa al secretario de la ANPDH, quien expuso que mantienen un monitoreo alrededor de esta situación, pues en algunos casos son “detenidos que son como desaparecidos”. Leiva asegura que tiene registrado nombres, apellidos, fecha y teléfono de cada persona desaparecida.

Estado debe explicar

“¿Dónde está esa gente? Eso es lo que tiene que explicar el Estado de Nicaragua a la comunidad internacional y al pueblo de Nicaragua”, dijo Álvaro Leiva, quien anunció que en su visita a Ginebra busca una cita con representantes del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, “para que la sección de derechos humanos requiera al Estado la presentación de esta gente”. Leiva estimó que hay un patrón en estos casos y “es el secuestro violento, que no hay orden de captura ni de allanamiento de morada, que es realizado en la mayoría de los casos por grupos paramilitares afines al partido de gobierno”.

La Prensa