Hoy se cumplen dos meses del inicio de las protestas en Nicaragua contra el Gobierno de Daniel Ortega. La violencia y represión por parte de la Policía Nacional, turbas y paramilitares del Gobierno han dejado más de 215 muertos y miles de heridos.

La ola de protestas y la represión comenzó el pasado 18 de abril, cuando estudiantes y civiles salieron a las calles para protestar por una fallida reforma al seguro social.

La población que se manifestaba de forma pacífica fue reprimida por antimotines de la Policía y los muertos comenzaron a contarse, para cuando Ortega decidió revocar las reformas INSS, fue demasiado tarde, los nicaragüenses exigían justicia por los caídos, y la renuncia de Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.

Sin embargo, Ortega ha rechazado ser el responsable de las muertes en el país, acusando de estas a la oposición; asimismo ha dicho que en Nicaragua no existen grupos paramilitares a fines a su gobierno.

Ortega además censuró a medios de comunicación independientes, ordenando a TELCOR quitar la señal a varios canales de televisión por dar cobertura a las protestas de los nicaragüenses. La Radio Darío en León fue incendiada por turbas de la juventud sandinista.

Las principales vías del país están bloqueadas con tranques o barricadas como medida de presión hacia el Gobierno; además la empresa privada y coalición universitaria convocaron a un Paro Nacional el pasado 14 junio, el que resultó todo un éxito.

Los tiroteos, asaltos, secuestros y detenciones arbitrarias por la Policía y paramilitares, principalmente por las noches, alejan de las calles a la población para resguardarse en sus casas desde las 6:00 de la noche.

En ciudades como Granada, Masaya, Chinandega, y otras ciudades, los negocios fueron saqueados por turbas del Gobierno.

La Iglesia católica está mediando en un diálogo para encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica. El acuerdo logrado el viernes pasado con la oposición, fue que el gobierno aceptó invitar a organismos de derechos humanos al país: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (EU), y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

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