Opositores en Nicaragua podrían ser afectados por reforma para establecer cadena perpetua I Imagen referencia cortesía Nicaragua Investiga

Opositores en Nicaragua podrían ser afectados por reforma para establecer cadena perpetua

La propuesta de Daniel Ortega de reformar las leyes de Nicaragua para establecer la pena de cadena perpetua para quienes cometan “crímenes de odio”, preocupa a juristas y expertos de derechos humanos que temen en primera instancia que esta sea aplicada a los opositores en Nicaragua.

Pero además los expertos señalan que la aprobación de dicha reforma lesionaría el objetivo por el cual fue constituido el sistema penitenciario en el país, cuyo fin es la “inserción de quienes de quienes han delinquido a la sociedad para que puedan socializar y la sociedad pueda seguir trabajando armoniosamente”.

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José Pallais, jurista y opositor nicaragüense analiza que en un país donde no existe estado de derecho, ni hay independencia del estado judicial, usualmente se aplica la ley por razones políticas.

“Tenemos que pensar que hay un objetivo de convertir la justicia en venganza contra opositores y más aún cuando hablan del delito de odio, mismo que doña Rosario Murillo a diario dice sobre los opositores. Ella dice que están cargados de odio, cuando el odio y violencia viene desde el Estado y su gobierno”, critica Pallais.

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Según el abogado, es preocupante el vacío que existe en el anuncio de Murillo para las reformas a las leyes pues se habla de “delitos de odios” no determinados, mismos que en Venezuela han sido aplicados para restringir y reprimir a opositores, por lo tanto aparentemente es el mismo plan para los opositores en Nicaragua.

“Pareciera que esa es la línea que pretenden ejercer o continuar en Nicaragua, tratando de justificarla aplicándosela a violadores cuando en este país los violadores han sido liberados por este régimen, demostrando que no hay estado de justicia y si no hay en el pasado no puede haber en el futuro”, sentencia.

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Por otro lado, el doctor Julio Montenegro, defensor de derechos humanos señala que hacer estas reformas es como “echar un paso atrás al Código Penal” de Nicaragua que en teoría intentó brindar un trato adecuado a los procesados.  Así mismo critica el concepto general del que Murillo habló al referirse a “crímenes de odio”.

“Se habla de crímenes de odio, es un concepto generalizado y se supone que el origen de esta idea se debe por las niñas asesinadas el fin de semana, de tal manera que habría que ser especifico en caso de que se reforme la ley, pero también deben reformar el artículo 37 de la Constitución Política que habla de una pena máxima de 30 años”, explica Montenegro.

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Montenegro resalta que el concepto de crímenes de odio fue aplicado en los señalamientos contra el exreo político Miguel Mora. “Ahí se aplicó el concepto de crímenes de odio con Mora, en donde se hablaba de conspiraciones y de informaciones que se difundían con ese fin, de tal manera que debe precisarse ese delito”.

José Pallais también advierte que estas reformas puedan ser utilizadas incluso contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han sido estigmatizadas por el mismo Estado y visto como Según el jurista José Pallais; en Nicaragua hay un objetivo,  y es convertir la justicia en venganza, lo cual arremetería en contra de los opositores en Nicaragua.

“Pareciera más bien que hay el deseo de utilizar el Poder Judicial sometido y falto de independencia para castigar a los opositores en Nicaragua y prensa argumentando que informan un discurso de odio como se ha querido señalar en Venezuela. Esto es grave, esta propuesta debemos rechazarla por las razones ya argumentadas”, finaliza Pallais.

Socióloga: “Hay un Estado cómplice de la violencia”

Las reformas anunciadas por el gobierno de Daniel Ortega pretenden apagar el fuego de críticas contra su administración por el doble femicidio contra dos niñas en el Caribe de Norte del país el fin de semana.

La socióloga Maria Teresa Blandón señala que la administración sandinista lejos de prevenir y sancionar a los abusadores, alimenta la violencia contra la mujer y la impunidad pues el Estado no se encarga de prevenir y sancionar a los que cometen este tipo de actos.

“Es un Estado cómplice, hablando concretamente del régimen Ortega-Murillo.  Son múltiples las evidencias de su complicidad con la violencia.  El boicot a la Ley 779, la desaparición de Comisarias de Mujer, y la re victimización a mujeres que interponen denuncias”, enumera la socióloga.

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Blandón también denuncia la manipulación y falta de transparencia en las estadísticas de los feminicidios en el país, lo cual no permite ejecutar planes de prevención.

A su vez criticó la liberación de presos comunes que han sido condenados por feminicidios, violación y abusos sexuales.

Fuente: Nicaragua Investiga

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